Información sobre Cambio Climático

El 40% de los glaciares del Perú han retrocedido debido al cambio climático 

 

El ANA presenta Inventario de Glaciares y Lagunas Glaciares en el marco de la COP20.   

Lima, 15 de octubre del 2014

En los últimos 40 años, los glaciares de las 19 cordilleras nevadas del Perú han sufrido la pérdida de su superficie en más de un 40% con respecto a los resultados del inventario realizado en los años 70, así lo informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA) durante la presentación del Inventario de Glaciares y Lagunas Glaciares.

Este inventario tiene como finalidad proporcionar información técnico-científica oficial sobre la evolución de los glaciares influenciada por el cambio climático para poder tomar las medidas de prevención adecuadas ante desastres naturales y un aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el ámbito geográfico de las cordilleras nevadas.

El informe, realizado por la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH) de la ANA en el marco de la COP20, detalla que el Perú cuenta con un total de 2 679 glaciares con una superficie de 1298,59 km2, mientras que las cordilleras con mayor extensión son La Blanca (Andes del Norte), Vilcanota y Vilcabamba (Andes del centro) con 755, 374 y 355 glaciares, respectivamente.

La investigación revela también que los glaciares pequeños de la cordillera blanca son los más afectados por el cambio climático. Y es que el 87% de ellos tienen una superficie menor a 1 kilómetro cuadrado, en tanto que solo el 12% está ubicado en superficies de mayor extensión. La altitud mínima de los glaciares inventariados se encuentra sobre los 4000 msnm.

“Es fundamental contar con información especializada porque de esta manera podremos tomar las medidas más adecuadas en favor de la población. La gestión de los recursos hídricos se hace más eficiente mientras mejor conozcamos cuál es la nuestra realidad hídrica”, afirmó Juan Carlos Sevilla, jefe de la ANA.

Para la elaboración de este inventario, la UGRH ha realizado la actualización de la cartografía de la superficie de glaciares y lagunas, aplicando tecnologías geoespaciales de percepción remota e inspecciones de campo, integrando la información cartográfica a un Sistemas de Información Geográfica.

“Este inventario de glaciares es un documento muy importante porque nos brinda la información necesaria para la toma de decisiones. Uno de nuestros roles institucionales es promover medidas de adaptación al cambio climático para aprovechar las oportunidades o reducir la vulnerabilidad ante este fenómeno”, explicó Fernando Chiock, especialista de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA. 

 

Programa REDD+

REDD+ (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación Forestal) es un mecanismo desarrollado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNMUCC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

Tiene el objetivo de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal, creando un valor financiero para el carbono almacenado en los bosques. En este marco, REDD+ se sustenta en que la deforestación aporta entre el 12% y 18% de los gases de efecto invernadero (GEI), y que las selvas tropicales son las mayores absorbentes naturales de este tipo de gases.

Así, REDD+ se justifica de dos maneras: para reducir la aportación de Gases Efecto Invernadero generada por la deforestación y para fortalecer, mediante su biomasa, la captura natural del más del 80% de estos gases emitidos fundamentalmente por la industria y el consumo capitalista. El “+” o plus hace referencia, al manejo sustentable, al aumento de reservas de carbono forestal (que incluye no solo a los bosques sino a los monocultivos) y a la conservación de los ecosistemas por los productos y servicios que genera, siendo el más codiciado el de la biogenética.

Países con regímenes neoliberales ubicados en las latitudes intertropicales, grandes empresas contaminantes y grupos ambientalistas del “mercado verde”, han centrado su interés en este mecanismo que anuncia ganancias a aquellos países y comunidades indígenas o campesinas que tienen bosques tropicales húmedos, o destruyen las selvas para introducir plantaciones, y a los Estados y empresas que emiten grandes cantidades de GEI para compensarlos y poder seguir contaminando.

Los pagos propuestos por la captura adicional de carbono mediante la conservación forestal bajo REDD+, “requieren que haya no solamente derechos claros sobre la tierra sino también la capacidad de demostrar derechos de exclusión, que incluyen el derecho y los medios para prevenir que terceros cambien la ocupación del suelo”. Esto significa que, antes de que una comunidad, empresa o agencia estatal pueda recibir dinero para mantener los bosques en pie, debe ser capaz de demostrar que es propietaria del bosque y que puede impedir que otros lo destruyan.

¿Qué sucederá entonces en Perú, donde el 70% de las de comunidades campesinas y nativas no cuentan con títulos de propiedas de la tierra? Sobre todo, si tenemos en cuenta la Ley Nº 30230 “que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, la cual permitiría a proyectos de inversión, público o privado, obtener tierras donde y en la cantidad que requieran para sus actividades, pasando por alto los derechos de propiedad vigentes de los propietarios.

El programa REDD+ es el nuevo maquillaje, nutrido por la crisis climática, de una conocida y vieja forma de colonialismo que promueve la apropiación de las tierras y territorios mediante el despojo, los desalojos violentos directos, o su arriendo perpetuo a las comunidades indígenas poseedoras. Esto evidencia la incongruente lógica del capitalismo verde que promueve, por un lado, con su opción “climática” de biocombustibles, la destrucción de los corredores biológicos en zonas bajas de las selvas, las mejor irrigadas; y por otro lado la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas vecinas.

DECLARACION: “CHIAPAS EN REDDELDIA” ¡BASTA DE REDD+ Y DE ECONOMÍA VERDE!

1) El mecanismo de REDD+ no respeta los derechos de Pueblos Indígenas consagrados tanto en declaraciones y acuerdos internacionales como en el propio marco constitucional nacional. Las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas afectadas no han sido previa ni suficientemente informadas, ni consultadas ni este programa prevé la pertinencia cultural de sus objetivos y medios.  

2) El mecanismo de REDD+ incentiva la destrucción de la biodiversidad. Los estados subnacionales, las empresas y los organismos multilaterales re conceptualizan convenientemente el término de bosque al incluirle las plantaciones, como las de palma aceitera, la Jatropha (piñón), el eucalipto y otras cuya sobrevivencia demanda grandes volúmenes de agrotóxicos, y de bienes comunes naturales como el agua.  

3) El mecanismo de REDD+ no soluciona de raíz el problema del cambio climático. No se enfoca en la urgente disminución de GEI que se producen en los países industrializados que más contaminan; y permite que sigan contaminando mediante la llamada compensación, como el mecanismo REDD+ suscrito entre California (Estados Unidos), Acre (Brasil) y Chiapas (México).  

4) En el mecanismo de REDD+ Las emisiones de carbono “capturadas” no son cuantificables con exactitud, ni permanentes. En el mecanismo REDD+ no es posible tener una contabilidad real del carbono capturado por las “fugas” de la deforestación a otras áreas y a otros sectores. La falta de permanencia del carbono forestal capturado hace de REDD+ un engaño como solución. El carbono forestal no es capturado de manera permanente (contrario a las emisiones de los combustibles fósiles). 

5) El mecanismo de REDD+ responsabiliza a las comunidades indígenas y campesinas de los países del Sur intertropical de ser los sumideros del dióxido de carbono que los países del norte industrial emiten, obligándolas, entre otras acciones, a constituir reservas boscosas, o las criminaliza si se oponen. Bajo el esquema de REDD+, la amenaza de que pueblos indígenas y campesinos estén siendo desalojados de sus tierras -para poder arrasar las selvas y dar lugar a plantaciones- se está materializando. Por otro lado los se quedaron en sus territorios, al disminuir sensiblemente el precio mundial de los biocombustibles, han sido encarcelados por tumbar las palmas aceiteras cuya siembra ignoraban que estaba vinculada a proyectos REDD+; otros más han sido perseguidos por comerciantes de carbono de las plantaciones forestales como en el Congo. REDD+ incluye todo tipo de plantaciones y monocultivos, todo lo que se siembre por las grandes corporaciones agroindustriales, incluso el suelo.  

6) El mecanismo REDD+ divide y enfrenta a las comunidades indígenas. La aceptación del proyecto REDD+ Chiapas hecha por la Comunidad Lacandona, un pueblo indígena inventado por el gobierno hace 40 años para llevar adelante su negocio de la extracción de maderas finas, es: 1) contrainsurgente porque confronta a ese grupo de familias caribes con las comunidades indígenas vecinas de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (en abril del 2011 en ceremonia oficial el gobernador de Chiapas les entregó armas y uniformes para hacer rondas en el perímetro colindante con las comunidades tzeltales en resistencia que se oponen al paso de su brecha agraria –la llamada brecha Lacandona- que consolidaría los contratos de despojo); 2) es antidemocrático porque no representa la palabra de la mayoría de las comunidades indígenas de la Selva Lacandona y, 3) es un robo a la Nación porque bajo el maquillaje de esta impostura climática pretende tras-nacionalizarse la inmensa biodiversidad del trópico húmedo mexicano, estratégica para el desarrollo soberano del país. 

7) Mientras se consolida el Acuerdo con California, el estado de Chiapas se inventó un programa clon provisional denominado “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+E) para la Selva Lacandona.”, que subsidia con impuestos de los chiapanecos a la Comunidad Zona Lacandona (conformada por familias caribes y población tzeltal y chol reconcentrada en esta zona). Se trata de recursos públicos provenientes de una de las entidades más endeudadas del país; perpetuando las políticas paternalistas, la actitud de “si no me pagas deforesto” y aumentando la desigualdad distributiva al dotar con más recursos a la Comunidad indígena del país que más ingresos de origen fiscal per cápita recibe por conservar.  

8) El mecanismo de REDD+ crea las bases para un nuevo ciclo de especulación capitalista basado en mercados especulativos y compensatorios de bonos de carbono forestal presentados como ‘comercio del aire’ y que conllevan un impacto real en la propiedad y control de la tierra al crear nuevos regímenes de privatización, como la titularización de las reservas de carbono en los territorios fuente. Amplían así las fronteras de la mercantilización y el acceso de los mercados a bienes como la tierra, el agua y la biodiversidad a contramano de la protección y defensa de estos bajo políticas públicas y/o manejo colectivo por parte de comunidades indígenas y tradicionales. 

9) El mecanismo REDD+ promueve la descampesinización, el abandono del soporte cultural de los pueblos indígenas: la producción tradicional de alimentos de autosustento y la pérdida de agro biodiversidad. Al impedir la práctica de rotación de acahuales (a los que considera biomasa de captura inamovible), condenar el cultivo de alimentos de ciclo anual (la milpa) y volver imposible para los que permanezcan la ancestral selección de semillas, al convertirlos, sin posibilidad de elección, en rentistas forestales, atentando directamente en contra de su soberanía alimentaria. 

10) Denunciamos la escalada privatizadora bajo el maquillaje de soluciones verdes impulsada por el gobernador saliente Juan Sabines que decidió, a través del Congreso local, constituir un fideicomiso irrevocable por 20 años para que el Estado de Chiapas y sus 122 municipios compren la electricidad que consumen a la empresa de aero-generación del Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, que apadrinada por aquel inauguró el pasado mes de marzo su parque eólico en la planicie costera chiapaneca. Un exfuncionario de ese corporativo encabeza el consejo consultivo del programa ciudades rurales sustentables de Chiapas y otro más, ex director de uno de los canales de la televisora, acaba de ser electo por el partido Verde Ecologista al cargo de Senador por Chiapas. Por su parte el gobernador electo por el partido Verde Ecologista y PRI, Manuel Velasco Coello, asistió como testigo de honor al acto de constitución del fideicomiso. Los negocios económicos tienen su contraparte en los políticos.

La realidad de REDD+ en Perú: entre el dicho y el hecho 

Este informe, recopilado por AIDESEP, FENAMAD, CARE (organizaciones indígenas nacionales y regionales en Perú) y FPP compila diversas experiencias de organizaciones de pueblos indígenas con políticas y proyectos de REDD+ en el Perú. La investigación analiza las políticas y estrategias del gobierno peruano, el papel de las agencias internacionales y las iniciativas piloto en marcha actualmente en territorios indígenas.

Principales resultados de la investigación
A nivel nacional:

• Las políticas y programas de REDD+ están afectando y minando los derechos de los pueblos
  indígenas y pueden conducir a conflictos sobre la tierra y los recursos.

• Las leyes nacionales sobre bosques, conservación de la vida silvestre y propiedad de la tierra no cumplen
  con las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos indígenas.

• Las políticas contradictorias de otros sectores del gobierno, que rigen la minería, la energía, la agricultura,
  la infraestructura y la defensa nacional, socavan los esfuerzos por proteger los bosques a través de iniciativas
  de REDD+.

• Millones de hectáreas de territorios indígenas sin reconocer pueden ser objeto de apropiación masiva
  para proyectos de REDD+.

• La implementación de REDD+ en el Perú está salteando la etapa de preparación o readiness.

En el terreno:

• La falta de directrices nacionales ha provocado una explosión de la “piratería de carbono” y el avance de proyectos REDD+ subnacionales no regulados en territorios indígenas.
• Los “piratas del carbono” pretenden convencer a las comunidades indígenas para que cedan sus derechos a la tierra y al carbono, en términos muy favorables para los intereses comerciales pero con poca o ninguna garantía para la protección de sus derechos fundamentales.
• La impunidad de los piratas del carbono les está dando un mayor control sobre los bosques y la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y permitiendo la manipulación de costos e inequidad en la distribución de beneficios.
• La consulta con las comunidades se lleva a cabo únicamente después de la iniciación de los proyectos.
• Existe una conciencia mínima de REDD+ y de las políticas sobre el cambio climático a nivel comunitario.
• Con frecuencia, la información aportada por los promotores de proyectos es parcial y/o sesgada ya que hace hincapié en beneficios e ingresos monetarios, pero no señala los costos ni los riesgos.
• Hay una falta de entendimiento de REDD+ y sus complejidades entre las agencias del Estado y los promotores de proyectos.
• Los proyectos locales de REDD+ no reconocen los principios clave del CLPI y carecen de los procedimientos efectivos acordados con las comunidades y sus organizaciones representativas elegidas libremente.
• Los proyectos subnacionales no reconocen las obligaciones internacionales de respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo los derechos consuetudinarios a la tierra.
• Los estándares de certificación voluntarios para REDD+ tienen graves deficiencias en los procesos de validación, incluyendo la falta de escrutinio, de consultas con las comunidades y de revisión del cumplimiento de las normas que garantizan los derechos humanos.
• Los proyectos de REDD+ subnacionales se basan frecuentemente en inconsistencias técnicas y escenarios de referencia arbitrarios.